Las
Cortes aragonesas aprobaron el jueves la Ley de Autoridad del Profesorado.
Con ella, los docentes gozarán a partir de hoy de una protección
reconocida por la legislación vigente y les dotará de una presunción de
la veracidad.
Se responde así a una demanda de los profesores que llevan sufriendo
mucho tiempo acoso en las aulas y faltas de respeto. El Defensor del
Profesor del sindicato ANPE ha tenido que atender a más de 18.000
docentes desde que puso en marcha el servicio en 2005. En Aragón, sólo
en el curso 2010-2011, se contabilizaron un total de 88 denuncias,
siendo un increíble 6% en la Educación Infantil.
Problemas para dar clase, conductas agresivas de los alumnos hacia el
profesor y los compañeros, agresiones de alumnos, insultos, amenazas,
grabaciones irrespetuosas para reproducir en Internet, falsas
acusaciones o daños a bienes y hasta agresiones por parte de los padres.
Éstas son algunas de las denuncias que realizan los docentes. Una
situación que además ha provocado numerosas bajas, depresiones y miedo
en el ambiente educativo, que desfavorecen una educación de calidad.
Pero la conflictividad en las aulas es reflejo de un problema social
de mayor calado, que no arregla un simple título de autoridad. La falta
de responsabilidad educativa por parte del núcleo familiar, la ausencia
de valores, el descrédito del profesor o la situación del sistema
educativo son los grandes problemas a abordar.
La solución: el reconocimiento y la dignificación de la tarea desde toda la sociedad aragonesa.
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