La Revolución francesa de 1789 tuvo en España cierto número de simpatizantes, pero fueron muchos más los que mostraron su hostilidad, sobre todo la clase dominante y ciertas élites.
La divulgación de las ideas revolucionarias era un quebradero de cabeza para el Gobierno y las autoridades reales trataron de obstaculizar por todos los medios posibles la difusión de la propaganda. Sin embargo, no podían hacerles frente solas, así que decidieron que la Inquisición, un tanto relegada por aquel entonces y ya menos atroz que en otros tiempos, se implicase en el asunto. Así que, en el mismo año de 1789, se llegó a una cooperación de ambos poderes, pese a la oposición de ciertos sectores de la sociedad española.
Esta provisional alianza funcionó con más intensidad en unas ciudades que en otras. Por ejemplo, en Cádiz, el conde de Floridablanca, secretario del Despacho de Estado y de Gracia y Justicia; el conde de Lerena, ministro de Hacienda y consejero de Estado y el conde de Campomanes, presidente de las Cortes, habían aplicado, desde el primer momento, la represión de la propaganda con la inestimable ayuda del inquisidor general.
A partir de este momento, las ideas revolucionarias francesas van a ser tratadas como delitos de herejía y, una real orden, hace saber a aquellas ciudades en las que existe vigilancia aduanera que se van a instituir dos examinadores para los libros, uno funcionario real y otro, comisario de la Inquisición, para someter a escrutinio todas las obras, permitiendo solo las "indiferentes", es decir, aquellas que traten de artes y oficios, máquinas, matemáticas, física..., entrar en España.
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