POBREZA

Unas 106.700 personas viven en situación de pobreza severa en Aragón, según el último informe sobre desigualdad y derechos sociales de Cáritas Diocesana. Esto supone que el 8,2% de la población está recibiendo el impacto más fuerte de la crisis, un porcentaje que no ha dejado de crecer en los tres últimos años.
Las peticiones de ayuda a Cáritas aumentaron un 33% en 2012, y aunque la vocación católica de la organización le haga querer atender al mayor número posible de personas necesitadas, la realidad es que la subsistencia del 8% no debería depender sólo de la caridad cristiana.
Las cifras dejan en evidencia que los servicios sociales de la Comunidad carecen de los medios suficientes para atender a todas las familias en riesgo de exclusión. El Ingreso Aragonés de Inserción, último recurso para muchos desempleados, no puede estar sometido a la estabilidad presupuestaria, llegando tarde y mal cada vez que falte liquidez.
La labor de las organizaciones solidarias nunca podrá sustituir al trabajo de las administraciones públicas, obligadas por ley a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los gobiernos tienen que asumir su responsabilidad en esta crisis.
No pueden desentenderse de cien mil personas en situación de pobreza severa sino articular las políticas necesarias para salvaguardar los derechos de todos. Además de destinar los medios suficientes y mejorar la coordinación de los programas sociales, hay que solucionar la raíz del problema para que deje de crecer y extenderse. Hasta que no se apliquen las medidas oportunas para frenar la sangría del paro y comenzar a crear empleo, cualquier intento de acabar con la pobreza será solamente un parche temporal y poco eficaz.
(Editorial de www.aragondigital.es).