LA MIRADA

Es comprensible que los familiares de víctimas de ETA expresen su desagrado por la sentencia que ha anulado la doctrina Parot. El que personajes como Inés del Río hayan entrado en la cárcel con 29 años y salgan hoy, con 55, no les alivia el dolor por la muerte de sus hijos o padres.
Todo eso puede ser comprensible. Lo que no lo es, de ninguna manera, es que un político que ocupa un cargo público acuda y apoye una manifestación en la que se va a pedir al Gobierno de España que no cumpla una sentencia de un tribunal de Justicia.

La alcaldesa de Madrid y el presidente de la Comunidad cometen una grave irresponsabilidad y se colocan ellos mismos en una insólita posición: ¿con qué argumentos pedirán a los madrileños que acaten las sentencias de los tribunales si ellos son los primeros que salen a la calle para exigir que no se respeten? No es una cuestión baladí. Los cargos públicos no pueden pedir al Gobierno que incumpla la Constitución.
Va siendo hora de que los políticos, con cargos públicos o sin ellos, dejen de decir disparates. No están las cosas como para que nadie ignore las consecuencias de sus actos y se lance alegremente a buscar votos o a desestabilizar a su propio partido pregonando nada menos que el incumplimiento de la ley.

Soledad Gallego en www.cadenaser.com.