y otras medidas, el Derecho penal privativo de este reino, al Justicia y su tribunal, disolvió las Cortes -que nunca convocó-, la Diputación, el virrey y el Consejo de Aragón; asimismo creará la Audiencia, es decir, tribunales que actuarán según el Derecho castellano, y el Tribunal del Real Erario; el reino fue dividido en distritos militares y fueron suprimidas las barreras económicas entre Castilla y Aragón; en definitiva, creó el Estado español centralizado. Aragón perdió de esta forma la condición de reino con órganos administrativos independientes, uniformándose en todo con las leyes y gobierno de Castilla. La resistencia a la centralización fue mínima, porque las reformas fueron impuestas durante la guerra. Tan sólo dejó a salvo la jurisdicción eclesiástica y los privilegios tanto para la nobleza como para las ciudades que permanecieron fieles.
Valencia correría la misma suerte desde la batalla de Almansa.

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