1492, se firmó en Santa Fe (Granada) por parte de los RR.CC. (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) el Edicto de expulsión de los judíos aragoneses no bautizados, entrando en vigor el 29 de abril, instante en el cual se activan los dispositivos de control de las juderías para impedir la libertad de movimientos y efectuar el inventario y embargo de sus bienes, cuya operación concluyó el 15 de mayo. En la liquidación de las deudas -a través de dinero en efectivo, créditos realizables a corto plazo, metales preciosos, joyas e inmuebles- se estableció una prelación de acreedores: la monarquía (impuestos ordinarios y extraordinarios), el municipio, los acreedores de la aljama (censos enfitéuticos) y las personas físicas.
El éxodo se inició a fines de julio -el plazo concluía el día 31- bajo la cobertura armada de Martín de Gurrea, señor de Argavieso. Los judíos se decantaron por un destino peninsular -Navarra (Tudela, Sangüesa, etc.)- o ultrapeninsular -territorios mediterráneos (Italia, Imperio Otomano, Israel, etc.)-. La bitácora de éstos últimos la conocemos gracias a las nauzilatio (Zaragoza, Calatayud, Fuentes, Ariza y Huesca) cuyas naos partirán de los puertos de Tarragona, Tortosa y Sagunto. De los aproximadamente 9.000 judíos que vivían en el Reino, iniciaron la diáspora entre el 50 y el 65 %, si bien debemos considerar el retorno de un número considerable de los destinados en Navarra (hasta 1498) y en Italia (entre 1495 y 1499).
Las causas de la disolución de las comunidades hebreas en Aragón son de variada índole: políticas (estado moderno monoconfesional), jurídicas (herejía como delito de lesa majestad), eclesiales (Inquisición) y económicas (decadencia de las aljamas).
Los mudéjares serían los siguientes, aunque en Aragón hubo que esperar a 1525, reinando Carlos I, cuando se llevó a cabo el bautismo que los convirtió en moriscos.
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