LA AUDIENCIA NACIONAL respaldó ayer la labor profesional del juez
Pablo Ruz y pidió al Consejo General del Poder Judicial que le prorrogue
su plaza seis meses más, en sustitución del titular Miguel Carmona, que
es ahora magistrado de enlace con el Reino Unido. Ruz está haciendo una
meritoria tarea y se ha ganado el respeto de sus compañeros. Los
miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia votaron de forma unánime
solicitar esa prórroga, destacando expresamente su trabajo «positivo».
Pero el prestigio de que disfruta Ruz contrasta con la falta de
colaboración del PP en la investigación sobre los papeles de Bárcenas.
El juez ordenó registrar su sede el pasado jueves en busca de documentos
que corroboren que el partido pagó facturas con dinero negro, como
indican los apuntes del ex tesorero.
El PP no se ha atrevido a criticar abiertamente a Ruz en términos
como los empleados contra la Udef, pero sí que ha hecho todo lo posible
para obstaculizar la investigación. Tras borrar los discos de la
contabilidad y hacer desaparecer las agendas y el libro de visitas, sus
dirigentes siguen negando esos pagos con dinero negro pese a los sólidos
indicios que Ruz maneja.
Francisco Cañizares, portavoz parlamentario del PP en Castilla-La
Mancha, tuvo el cinismo de declarar ayer que el juez Ruz buscaba
«pruebas» del enriquecimiento ilícito de Bárcenas en ese registro, lo
cual es rigurosamente falso. Cualquiera que haya leído el auto sabe que
Ruz está detrás de pagos con dinero negro y de posibles delitos de
cohecho y tráfico de influencias.
Si el partido de Rajoy no se ha atrevido a cruzar la línea roja de
descalificar a este magistrado, el PSOE no ha tenido ni el menor reparo
en crucificar a Mercedes Alaya, la juez de Sevilla que investiga el caso
de los ERE. UGT también lo ha hecho, llegando a manifestarse frente a
su juzgado. Chaves, Griñán, Zarrías y otros dirigentes del PSOE en
Andalucía han instigado campañas de despretigio contra la juez, poniendo
en tela de juicio su imparcialidad mientras la Junta ponía todas las
trabas posibles a la investigación.
Similar calvario ha sufrido el juez de la Audiencia de Palma, José
Castro, que ha tenido que soportar el sectarismo de algunos medios
ultramonárquicos que han arremetido contra sus decisiones, además de la
falta de colaboración de la Agencia Tributaria en la instrucción del
caso Nóos. Castro se ha topado contra un muro cuando ha intentado
imputar a Doña Cristina, que ha contado con la protección de la Fiscalía
a lo largo de toda la investigación.
Si Ruz, Alaya y Castro prosiguen su trabajo y no han tirado la
toalla es porque son tres jueces vocacionales que creen en la Justicia y
tienen un gran sentido del deber. No cuentan con el apoyo de la
Fiscalía ni de la cúpula judicial y son molestos para las instituciones
porque son independientes y no adoptan sus resoluciones para
congraciarse con nadie. Podrán acertar o equivocarse en decisiones
discutibles que afectan a la libertad o la imagen pública de personales
relevantes, pero gracias a jueces como éstos existe todavía en España la
posibilidad de que determinados comportamientos no queden impunes. Y
eso la sociedad debe saberlo y además hay que agradecérselo.
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