Al Estado español, por vía de su Tribunal Constitucional, no le ha quedado más opción que reconocer legalmente lo obvio: que Aragón es una nación milenaria, que su soberanía política reside en el Pueblo aragonés, y que sus derechos históricos, civiles, y políticos, son anteriores al orden constitucional español vigente.(Colab. JMTP).
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