CONNIVENCIA

He leído varios expedientes de incautaciones de personas afines a la II República dependientes del juzgado de Calatayud y me ha llamado la atención que el procedimiento a seguir no era el mismo que el de Ejea de los Caballeros en algunos aspectos. Por ejemplo, en los expedientes de Bardallur y Bárboles, dependientes del 2º juzgado que menciono, se pedía informe al jefe local de la Falange y al cuartel de la Guardia civil de Alagón,; mientras que en el 1º, no se pedía opinión a los falangistas y
sí a los curas, como en Épila y al propio cuartel de la localidad. En los informes de arriba se puede apreciar el del cura y el del alcalde y qué casualidad, son idénticos, lo único que cambia es la firma y el sello, de ahí la connivencia que existía en el nacional-catolicismo.

La postura de la Iglesia siempre fue contraria a la II República. Así, el cardenal Segura decía: “Que la ira de Dios caiga sobre España, si la República persevera” o el obispo de León, que  pidió la unión de los católicos contra el «laicismo judío-masónico-soviético». El propio arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Doménech

legitimaba la violencia franquista: “En beneficio del orden, la patria y la religión”. Los obispos llamaban a los asesinos a intensificar la matanza. Muchos curas participaron en la ‘caza del rojo’, dando falso testimonio en consejos de guerra, alentando desde púlpitos y radio a cometer barbaridades, elaborando informes como una ‘policía político-social’ e, incluso participando activamente -y cuando digo activamente, digo activamente- en la represión. 

He aquí algunos ejemplos:
El cura Isidro Lombas Méndez participó en la represión en Badajoz elaborando las listas de quienes había que llevar a la Plaza de Toros para ejecutar, bajo la presencia de respetables y ‘piadosas’ damas, jovencitos de San Luis, eclesiásticos, virtuosos frailes y monjas de alba-toca. Con las listas del cura Juan Tusquets fueron detenidos más de 300 masones, la mayoría de ellos posteriormente asesinados. El obispo de Lugo Rafael Balanza y Navarro animaba a sus párrocos a delatar a sus vecinos. El párroco de Seixalbo (Orense), dio informes negativos de 19 personas. Elías Rodríguez Martín, párroco de Salvochea en la cuenca minera de Huelva, nombraba a los que debían ser detenidos y eliminados.